• revisiones ordenadas por la Junta de Gobierno del IPAB, pudieron llevarse a cabo cuando los bancos antes mencionados retiraron el amparo que habían interpuesto –no con el propósito de evitar ser auditados, puesto que ya lo habían sido en varias ocasiones- sino para terminar con un proceso que amenazaba volverse interminable, ya que constantemente surgen voces –con los más diversos intereses- que exigían una auditoría. Una más, cabría decir.
  
  
• Septiembre de 2004. Concluye el proceso de selección de los despachos que llevarían a cabo esa nueva revisión. Los despachos seleccionados quedaron comprometidos a emitir sus informes finales en un plazo de 125 días hábiles, prorrogables por única ocasión, con un plazo máximo de 25 días hábiles.
  
  
• Junio de 2005. Concluyen las revisiones GEL y, derivado de ello, el IPAB informa que los pasivos asociados al PCCC se reducen en 52.9%. Con una obligación de pago actualizada al 31 de marzo de 2005 en 239,200 millones de pesos, el saldo definitivo quedaría en 112,658 millones de pesos, distribuidos como se ilustra en la Gráfica 19.

El perjuicio para el erario público no desaparece del todo, pero se reduce significativamente. Sin restarle importancia a lo económico –porque la tiene en alto grado- uno de los aspectos más positivos de este resultado es poder superar este episodio y no seguir cayendo en él de manera recurrente y menos aún, utilizarlo con fines políticos para establecer posiciones frente a la población (¿o al electorado?). Lo que se gana en certidumbre no tiene una cuantificación precisa, pero sin duda este llamado “Nuevo Programa” colabora en gran medida a aumentarla.